José Barta, 10-05-2010
El pasado 24 de marzo, en un artículo mío publicado en Flashinmobiliario.com recogía unas manifestaciones del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que había abogado el martes 23 por revisar las primas a las energías renovables para que no perjudicaran a la competitividad de la economía y a la creación de empleo. «Ahora mismo la tarifa eléctrica que paga la industria española es un 17% superior a la media europea y esto sin duda es un factor de preocupación para nuestro tejido industrial», había apuntado el ministro de Industria.
Casi un mes después, el pasado 21 de abril, con el titulo La energía Fotovoltaica resulta insostenible para nuestras empresas y familias incorporé un post a este blog en el que incidía sobre la lacra que, para la competitividad, y con ello la supervivencia de algunos sectores, estaba suponiendo nuestra actual política energética.
No era el primero ni el último en denunciar el desafuero que nuestra “pose de modernidad” acabaría ocasionando en nuestra economía.
Recientemente, el pasado viernes 7 de mayo, Ijon Tichy, desde su blog ubicado en “Desde el exilio” recordaba que todo este desatino comenzó hace ahora tres años:
“Todo esto se origina a finales de mayo de 2.007 cuando se aprueba el RD 661 (bien es verdad que no era Sebastián el ministro entonces, pero sí otro compañero socialista) fijando una prima más que generosa para las instalaciones fotovoltaicas y garantizándola (ahora vemos que aparentemente) durante al menos 25 años.”
La progresía en este país, antes o después, termina desapareciendo, pero suele dejar un erial desolado, en el que tarda en crecer la hierba.
Hace tres años, e incluso hace unos meses, atacar las energías renovables suponía quedar marginado de la ortodoxia del régimen, pasando a ser acreedor del descalificativo “reaccionario”, cuando no directamente del de “fascista”, que así es como nos gusta argumentar nuestros valores en estos lares.
El pasado mes de abril, el Ministerio de Industria, supongo que a instancias de su Ministro, elaboró un informe sobre “Energías renovables: situación actual y perspectivas. Abril 2010″.
En el mismo afirmaba, con datos de Eurostat, nuestra perdida de competitividad en aquellos sectores industriales en los que la energía eléctrica supone mayor repercusión sobre los costes totales, así como el mayor esfuerzo de nuestras familias, respecto a sus homónimas europeas. Así lo reflejan los dos gráficos siguientes:
Al tiempo que recogía este situación, la achacaba exclusivamente al déficit de tarifa provocado por la mayor incidencia, en los costes, de las energías renovables, en particular en la fotovoltaica, que resulta ser la que menos aporta y más cuesta, tal como se puede observar en los siguientes gráficos:
Hemos acometido estrategias más propias de países estupidos que de países ricos. Con la certeza de que, de darse ambas características en un mismo país, la primera (la estupidez) suele permanecer casi indefinidamente, mientras que la segunda (la riqueza), desaparece pronto como consecuencia de la anterior.
Nuestro Gobierno, nuestros representantes parlamentarios y nuestros lideres mediáticos han llegado a pensar que éramos algo así como la versión “ecológica y progresista” de la “reserva moral de occidente” que vendía el franquismo. Y es que cada vez me parecen más los mismos perros, con distinto collar.
Al final los grandes perjudicados, en todos los ordenes, no solo en el económico, que ya es importante, también en el afectivo y en el de la libertad, ha sido, está siendo, la gran mayoría de los ciudadanos españoles, y los grandes beneficiados la oligarquía de políticos y sindicalistas, parásitos y vividores que difícilmente ven peligrar sus puestos de trabajo, así como pseudos intelectuales y “expertos verdes”, que a duras penas saben de lo que realmente hablan, y –por último en esta relación, que no en el beneficio económico obtenido- un reducido grupo de empresarios y financieros, que representan los intereses corporativos que han controlado la mayoría de estos proyectos, por cierto mucho de estas personas vinculadas el sector de la construcción y al inmobiliario.
Estas afirmaciones pueden parecer desproporcionadas, fruto de la pasión o de un partidismo difícil de ubicar –dada la coincidencia de la casi totalidad de los partidos en las políticas seguidas-, pero nada más lejos de la realidad: Mis palabras son fruto de la información y de la independencia, ya que el daño originado a los ciudadanos que vivimos en España no se limita al déficit tarifario, que de alguna manera – normalmente a costa de los consumidores- se deberá solventar, sino que afecta de lleno a la creación de puestos de trabajo – en años críticos para el empleo, como lo fueron el 2008 y el 2009 – así como a la competitividad de nuestras empresas. Para dar una ligera pincelada, me remito al informe elaborado por Gabriel Calzada Álvarez, profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, en colaboración con otros dos profesores de la misma Universidad, Raquel Merino Jara y Juan Ramón Rallo Julián, y con la ayuda técnica de José Ignacio García Bielsa, profesional con amplia experiencia en mercado de la electricidad, y presentado en THE COMMITTEE ON ENERGY INDEPENDENCE AND GLOBAL WARMING, del Congreso de los EEUU, en el que – entre otras conclusiones – se afirmaba que:
• Por cada puesto de trabajo verde financiado por los contribuyentes españoles, se perdieron 2,2 puestos de trabajo, como coste de oportunidad.
• Sólo 1 de cada 10 contratos de trabajo verdes tiene por objeto el mantenimiento y operación de plantas ya instaladas; la mayoría del resto de los puestos de trabajo (9 de cada 10) sólo son sostenibles en un entorno de permanente construcción de nuevas plantas, con altos subsidios.
• Desde 2000, España ha invertido 571.138 € (753.778 dólares) por cada puesto de trabajo «verde» creado.
• Los costes de oportunidad de estos programas (es decir la no inversión de dichas cantidades en otros sectores) dieron lugar a la destrucción de casi 110.500 puestos de trabajo.
• Cada megavatio «verde» instalado, en promedio, ha provocado la destrucción de 5,39 puestos de trabajo en otros sectores de la economía, y en el caso de la energía fotovoltaica, el número llega a 8,99 puestos de trabajo destruidos por megavatio-hora instalado.
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